Perú aprobó una ley específica de IA, la Ley N.º 31814, en julio de 2023. La ley tiene carácter promocional, pero su reglamento, publicado en septiembre de 2025 y en vigor desde enero de 2026, le dio una estructura real: un marco de riesgo de tres niveles, prácticas prohibidas como la vigilancia masiva no autorizada y la vigilancia policial predictiva, deberes de supervisión humana para los usos de alto riesgo, entornos de prueba y plazos sectoriales escalonados de uno a cuatro años. El primer plazo sectorial, para salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas, venció en septiembre de 2026. Desde el 30 de abril de 2025, la Ley 32314 también convierte el uso de la IA en una circunstancia agravante de los delitos y añade los deepfakes con IA a los delitos de difamación, estafa y material de abuso sexual infantil.
Puntos clave
- La Ley 31814 (5 de julio de 2023) promueve la IA para el desarrollo económico y social con principios como la seguridad y los derechos humanos.
- El reglamento entró en vigor en enero de 2026, noventa días hábiles después de su publicación.
- Entre las prácticas prohibidas están la vigilancia masiva sin base legal, la predicción de delitos dirigida contra personas concretas y los sistemas letales autónomos.
- Los usos de alto riesgo exigen supervisión humana por personal capacitado y facultado para detener o corregir las decisiones.
- Aplicación sectorial escalonada, contada desde el 10 de septiembre de 2025: salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas hasta el 10 de septiembre de 2026; transporte, comercio y trabajo en dos años; producción, agricultura, energía y minería en tres; el resto en cuatro; las pequeñas empresas disponen de dos años y las microempresas de tres.
- La Ley 32314, vigente desde el 30 de abril de 2025, convierte el uso de la IA en una circunstancia agravante de cualquier delito, permite al juez aumentar hasta en un tercio las penas por delitos informáticos cuando se usa IA e incluye los deepfakes con IA en los delitos de material de abuso sexual infantil, difamación (pena privativa de libertad de uno a tres años) y estafa agravada (de cuatro a ocho años).
- Una directiva en vigor desde el 22 de octubre de 2026 obliga a los ministerios y sus entidades adscritas, los organismos constitucionales autónomos, el Poder Judicial, el Congreso, las empresas del Estado, las universidades públicas, los establecimientos de salud públicos de categoría II-2 o superior, los gobiernos regionales, las municipalidades de tipo A y C y las empresas públicas locales a designar un Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), que coordina las evaluaciones de riesgo e impacto de la IA y supervisa el registro de sistemas de IA de la entidad. Los plazos de designación son de seis meses para los ministerios y sus entidades adscritas, los organismos constitucionales autónomos, el Poder Judicial, el Congreso, las empresas del Estado y las universidades públicas, nueve para los gobiernos regionales y doce para las municipalidades de tipo A y C y las empresas públicas locales; el cuadro de plazos de la directiva no incluye a los establecimientos de salud públicos.
Leyes e instrumentos
Reglamento de la Ley 31814
Decreto supremo, publicado el 9 de septiembre de 2025
Parcialmente en vigorAñade la estructura operativa: clasificación del riesgo en tres niveles, prácticas prohibidas, supervisión humana para los usos de alto riesgo, registro y trazabilidad con conservación durante tres años de las evaluaciones de impacto, entornos de prueba y plazos sectoriales escalonados.
Vigencia: enero de 2026 (90 días hábiles después de su publicación); las obligaciones sectoriales se aplican de forma escalonada de septiembre de 2026 a septiembre de 2029
Directiva que establece el perfil y responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial
Directiva N.º 002-2026-PCM/SGTD, aprobada por la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.º 004-2026-PCM/SGTD; publicada el 21 de octubre de 2026
En vigorObliga a las entidades públicas que enumera, desde los ministerios y las empresas del Estado hasta los gobiernos regionales y las municipalidades de tipo A y C, a designar un Oficial de Inteligencia Artificial (OIA) que forma parte del Comité de Gobierno y Transformación Digital de la entidad, coordina las evaluaciones de riesgo e impacto de los sistemas basados en IA, incluido el grado de supervisión humana efectiva, supervisa el registro de sistemas de IA de la entidad, se asegura de que los sistemas se sometan a pruebas de riesgos y vulnerabilidades antes de su despliegue e informa trimestralmente. El OIA no puede ser removido ni sancionado por emitir alertas sobre usos indebidos o de alto riesgo.
Vigencia: 22 de octubre de 2026; designaciones en un plazo de seis meses para los ministerios y sus entidades adscritas, los organismos constitucionales autónomos, el Poder Judicial, el Congreso, las empresas del Estado y las universidades públicas, nueve para los gobiernos regionales y doce para las municipalidades de tipo A y C y las empresas públicas locales (el cuadro de plazos no incluye a los establecimientos de salud públicos); el perfil del oficial es exigible a partir de octubre de 2027
Ley 32314: la IA en la comisión de delitos
Ley N.º 32314, publicada el 29 de abril de 2025
En vigorReforma el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) para tener en cuenta la IA. Usar inteligencia artificial o tecnologías similares para cometer un delito pasa a ser una circunstancia agravante (artículo 46 del Código Penal), y el juez puede aumentar la pena por delitos informáticos hasta en un tercio por encima del máximo legal cuando se emplea IA. El material de abuso sexual infantil creado con IA, incluidos los deepfakes, queda comprendido en el artículo 129-M (pena privativa de libertad de seis a diez años); la difamación mediante deepfakes con IA se castiga con uno a tres años (artículo 132), y la estafa agravada mediante la manipulación de la voz o la imagen de una persona con IA, con cuatro a ocho años (artículo 196-A).
Vigencia: 30 de abril de 2025
Cronología
- 5 de julio de 2023
Se publica la Ley 31814 en El Peruano; entra en vigor al día siguiente.
- 29 de abril de 2025
Se publica la Ley 32314, que incorpora la IA al Código Penal y a la Ley de Delitos Informáticos; entra en vigor al día siguiente.
- 9 de septiembre de 2025
Se publica el reglamento, con niveles de riesgo y prohibiciones; los plazos sectoriales empiezan a correr al día siguiente.
- enero de 2026
El reglamento entra en vigor, noventa días hábiles después de su publicación.
- 29 de abril de 2026
La Resolución Ministerial 152-2026-PCM aprueba la Estrategia Nacional de IA 2026-2030.
- 10 de septiembre de 2026
La primera ola sectorial (salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas) llega a su plazo de adecuación de un año.
- 21 de octubre de 2026
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital publica una directiva que obliga a las entidades públicas a designar un Oficial de Inteligencia Artificial; entra en vigor al día siguiente.
- 10 de septiembre de 2027
La segunda oleada sectorial (transporte, comercio y trabajo) y las pequeñas empresas llegan a su plazo de dos años.
A quién se aplica
El desarrollo y el uso público y privado de la IA en Perú, de forma escalonada según el sector y el tamaño de la entidad, con la coordinación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital junto con el INDECOPI y la autoridad de protección de datos. Las entidades públicas enumeradas en la directiva del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), entre ellas los ministerios, las empresas del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades de tipo A y C, también deben designar un OIA.
Sanciones
La aplicación se canaliza a través de los regímenes existentes de protección del consumidor, competencia y protección de datos, coordinados conforme al reglamento, sin una escala propia de multas por IA. La Ley 32314 añade sanciones penales cuando se usa IA para cometer delitos, entre ellas pena privativa de libertad de uno a tres años por difamación mediante deepfakes con IA y de cuatro a ocho años por estafa agravada mediante la manipulación de la voz o la imagen con IA.
Novedades recientes
21 de octubre de 2026
El Peruano
Perú obliga a las entidades públicas a designar un Oficial de Inteligencia Artificial
Una directiva de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, publicada el 21 de octubre y en vigor desde el día siguiente, obliga a los ministerios, los organismos constitucionales autónomos, el Poder Judicial, el Congreso, las empresas del Estado, las universidades públicas, los establecimientos de salud públicos de categoría II-2 o superior, los gobiernos regionales, las municipalidades de tipo A y C y las empresas públicas locales a designar un Oficial de Inteligencia Artificial (OIA) en un plazo de seis, nueve o doce meses según el tipo de entidad, aunque el cuadro de plazos de la directiva no incluye a dichos establecimientos de salud. El OIA coordina las evaluaciones de riesgo e impacto de los sistemas de IA, supervisa el registro de sistemas de IA de la entidad, se asegura de que los sistemas se sometan a pruebas antes de su despliegue e informa trimestralmente. Los requisitos del perfil serán exigibles a partir de los doce meses siguientes a la entrada en vigor.
Entra en vigor el reglamento de IA de Perú, con prohibiciones y plazos sectoriales escalonados
El reglamento de la Ley 31814 entró en vigor noventa días hábiles después de su publicación en septiembre, con un marco de riesgo de tres niveles, prohibiciones de la vigilancia masiva no autorizada y de la vigilancia policial predictiva, deberes de supervisión humana, entornos de prueba y plazos sectoriales de cumplimiento de uno a cuatro años.
Preguntas frecuentes
¿Tiene Perú una ley integral de IA?
Tiene una ley marco. Perú aprobó una ley específica de IA, la Ley N.º 31814, en julio de 2023. La ley tiene carácter promocional, pero su reglamento, publicado en septiembre de 2025 y en vigor desde enero de 2026, le dio una estructura real: un marco de riesgo de tres niveles, prácticas prohibidas como la vigilancia masiva no autorizada y la vigilancia policial predictiva, deberes de supervisión humana para los usos de alto riesgo, entornos de prueba y plazos sectoriales escalonados de uno a cuatro años. El primer plazo sectorial, para salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas, venció en septiembre de 2026. Desde el 30 de abril de 2025, la Ley 32314 también convierte el uso de la IA en una circunstancia agravante de los delitos y añade los deepfakes con IA a los delitos de difamación, estafa y material de abuso sexual infantil.
¿Cuáles son las sanciones por infracciones en materia de IA en Perú?
La aplicación se canaliza a través de los regímenes existentes de protección del consumidor, competencia y protección de datos, coordinados conforme al reglamento, sin una escala propia de multas por IA. La Ley 32314 añade sanciones penales cuando se usa IA para cometer delitos, entre ellas pena privativa de libertad de uno a tres años por difamación mediante deepfakes con IA y de cuatro a ocho años por estafa agravada mediante la manipulación de la voz o la imagen con IA.
¿A quién se aplica la regulación de la IA en Perú?
El desarrollo y el uso público y privado de la IA en Perú, de forma escalonada según el sector y el tamaño de la entidad, con la coordinación de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital junto con el INDECOPI y la autoridad de protección de datos. Las entidades públicas enumeradas en la directiva del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), entre ellas los ministerios, las empresas del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades de tipo A y C, también deben designar un OIA.
Cite esta página
Artificial Intelligence Regulations, «Regulación de la IA en Perú», revisado el 20 de noviembre de 2026, https://artificialintelligenceregulations.com/es/jurisdictions/peru.html.
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